“La educación pública no da para más“; “Yo he hablado, muchas veces, de una privatización de la educación pública”. Éstas son algunas de las nefastas frases que nos ha dejado la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en estos últimos dos años. Y aunque estén cargadas de violencia en sí mismas creemos que para poder entender cuales son los intereses que defiende este gobierno no debemos prestar atención sólo a sus palabras sino también a sus acciones. Para eso intentaremos hacer una breve reseña del contexto en que se encuentra la educación pública Argentina:
En primer lugar tenemos, por ejemplo, el eterno problema de las paritarias docentes, donde podemos visualizar gobiernos que año a año se han negado ha satisfacer las necesidades económicas básicas de los trabajadores/as de la educación. Esto ha desembocado en lo que vemos todos los años: clases que no inician, paros constantes, gremios burócratas que tranzan con los gobiernos de turno; y una enorme expresión de bronca, que en muchas oportunidades rebalsa las calles, pasando por encima de las burocracias.
Por otro lado podemos señalar el histórico problema de infraestructura de las instituciones educativas, que al igual que con los sueldos docentes, ningún representante del Estado, cualquiera fuese su partido político (FPV, PRO), se ha hecho cargo de solucionarlo. Mientras los gobiernos se jactan de querer discutir el salario docente “con los chicos en las aulas” nos encontramos con cientos de escuelas que no pueden arrancar sus clases por las deficientes condiciones edilicias. Escuelas a las que se le caen los techos, aulas que se turnan para ser usadas por más de un curso, baños inundados, calles intransitables, comedores vaciados y una enorme lista de etcéteras que afectan directamente a la regularidad de la cursada de los chicos.
Cierres de escuelas, de cursos enteros, falta de personal, equipo de orientación vaciados, falta de mobiliario, o mobiliario en precarias condiciones y así podríamos enumerar infinitos saqueos que viene sufriendo históricamente la educación pública Argentina y que en estos últimos años se ha ido profundizando.
Pero todos estos ataques a la educación que acabamos de señalar no son por falta de capacidad política para solucionar los problemas, ni por falta de presupuesto, sino que son recetas impuestas por un orden económico mundial que para su supervivencia y profundización requiere de una educación cada vez más mercantilista.
Para ejemplificar podemos referirnos a algunos planes como fue la firma en el año 2010, por parte de todos los presidentes/as de América Latina- a excepción de Cuba- del plan Metas Educativas 2021. La fundamentación para la firma de este proyecto fue darle una solución a los problemas de inversión económica en la educación de los países denominados “subdesarrollados”, pero lo que realmente se busca es el ataque a la autonomía; desligando al Estado del financiamiento de la educación y dejando camino libre a las inversiones extranjeras provenientes en su mayoría de bancos y empresarios europeos y norteamericanos que muy lejos están de querer una educación libre e inclusiva para los jóvenes de esta región.
Para poder profundizar la injerencia tanto económica como ideológica de los grandes empresarios internacionales en la educación argentina se lanza un proyecto de ley, que va en paralelo con la reforma laboral, denominado Plan Maestro. Esta ley es un intento de reforma educativa direccionada desde los organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial. En concreto lo que se busca es facilitar el avance en la precarización y flexibilización laboral de los docentes, eliminar la educación pública (es decir dejar de entender a la educación como un derecho) y destruir las negociaciones salariales colectivas.
Con la intención de continuar con estas políticas de ajuste hacia la educación pública, se ha ordenado en diferentes distritos del país- Mar del Plata no está exenta- el cambio de la modalidad de bachilleratos para adultos por una modalidad denominada “Escuelas por aceleración”. Con este cambio se lograría que los alumnos menores de 18 años puedan cursar el ciclo básico (1,2,3 año) en un solo año, para luego ser insertados nuevamente en la escuela secundaria. Es decir, chicos que por diferentes motivos no pudieron permanecer en la secundaria, a pesar de su gran desfase de edad, se los intenta reinsertar sin hacer el mínimo esfuerzo por resolver la problemática de fondo que lleva a la deserción en un primera instancia.
Como si esto fuera poco el ataque también lo sufren los mayores de 18 años, donde solo podrán cursar sus estudios en los denominados CENS (Centro de Estudio de Nivel Secundario) que en nuestra ciudad solo existen cinco totalmente colapsados. En definitiva, estos cambios ponen en riesgo la continuidad de 16 bachilleratos para adultos en la ciudad, lo que quiere decir, la pérdida de fuentes laborales y la profundización de los problemas que llevan a la deserción de los estudiantes.
Lo que logra el Estado Burgués, en definitiva, con todas estas políticas son los recortes en salarios, ahorros en mantención de edificios y reducción de personal, demostrando sus claras intenciones de privatizar la educación.
Pero todos estos ataques a la educación pùblica tienen sus respuestas. El pueblo no se queda inmóvil ante el saqueo; y como tenemos historia de lucha a través de la protesta llevada adelante por trabajadores/as de la educación y estudiantes en diferentes distritos del país, se ha logrado frenar esta modalidad.
Nuevamente queda demostrado que las conquistas las alcanzamos en las calles, alzando las banderas de la lucha popular, superando a las burocracias, y haciendo temblar al enemigo.
Por eso hacemos un llamado a todos los/las docentes, estudiantes y trabajadores/as de la ciudad y el país a doblegar los esfuerzos y la lucha para detener estos ataques a la educación pública que es en definitiva a detener la privatización de nuestra educación.